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El derecho a la educación para adolescentes y adultos privados de la libertad se fortalece con la firma de dos acuerdos ministeriales

 Quito, 16 de mayo de 2017

El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, y su par del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, firmaron dos acuerdos de cooperación ministerial para fortalecer la oferta educativa en los Centros de Privación de Libertad (CPL) y en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), cuyo fin es garantizar el derecho a la educación inclusiva.

La suscripción de estos acuerdos favorecerá a alrededor de 8.500 personas privadas de la libertad a nivel nacional, a través de la dotación del servicio educativo en las modalidades de alfabetización, post alfabetización, Educación General Básica (EGB) y Bachillerato.

Freddy Peñafiel explicó que los modelos son el resultado de 3 años de trabajo técnico. “El Ministerio de Educación, dentro de estos modelos, pone a disposición del Ministerio de Justicia los docentes, el material didáctico, el currículo y el acompañamiento a través de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión, para brindar el servicio educativo en los centros”, añadió.

El secretario de Estado recordó que la política de inclusión educativa para las personas privadas de libertad contempla brindar el servicio con la misma calidad que en el sistema regular de educación. “A través de la educación se pueden cambiar las realidades. En los CAI se toma, además, el examen Ser Bachiller, los jóvenes para graduarse deben rendir el mismo examen, lo que garantiza que el sistema educativo tenga la misma calidad”, indicó.

El proyecto busca la implementación del “Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes infractores” en 11 centros de reclusión, y del “Modelo de Implementación de Ofertas Educativas para Personas en Contextos de Encierro en el Ecuador” en 29 centros más.

Por su parte, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, recordó las condiciones donde las personas privadas de libertad recibían el servicio educativo antes de la transformación del sistema penitenciario. “En el ex Penal García Moreno, había pocas aulas para una escuela y estas funcionaban cuando no había. No existía la institucionalidad y garantías que hoy tenemos en los Centros de Privación de Libertad”.

El compromiso entre los dos ministerios se plasma con la capacitación del personal docente en temas de seguridad penitenciaria y la implementación de espacios físicos y mobiliario escolar. Son 279 docentes que han sido asignados para este proyecto, de los cuales 244 corresponden a los CPL y 35 a los CAI.

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